DECLARACIÓN
DE LOS ABOGADOS AGRAMONTISTAS
Los
abajo firmantes, cubanos residentes en la Isla que pertenecemos a la Corriente Agramontista (la más antigua y
nutrida organización de juristas independientes cubanos), hemos decidido emitir
esta Declaración ante la desastrosa situación que confronta hoy nuestra Patria.
Las raíces de este
calamitoso estado de cosas subyacen en el inoperante sistema que, pese a haber
demostrado sobradamente su inoperancia, tanto en Cuba como en los estados
euroasiáticos que otrora integraron el “Campo Socialista”, ha sido impuesto y
mantenido a sangre y fuego por el régimen castrista. El país está detenido en
el tiempo e incluso involuciona. Los gobernantes
insisten con obstinación en mantener ese sistema social, político y económico
absolutamente inviable. En lo social, vemos una población alienada, sin
posibilidad de expresar lo que piensa o siente, embrutecida cual rebaño y que
sólo ansía escapar hacia cualquier lado. En lo económico, constatamos que se ha
optado por un capitalismo monopolista de Estado, disfrazado de una forma sui generis de socialismo, que impide el
desarrollo de las fuerzas productivas. Estas últimas están bloqueadas con
prohibiciones legales y administrativas, altas cargas tributarias, burocratismo
y la presión moral que significa que los emprendedores, conforme a la arcaica
teoría marxista-leninista mantenida a ultranza, sean considerados vulgares
“explotadores”.
En lo político y
jurídico, tenemos una carta magna que es letra muerta, y no se aprecia un
cambio del régimen en cuanto al respeto de elementales derechos humanos como
las libertades de expresión, opinión, movimiento y asociación; por el
contrario, la represión contra todo signo de disenso se reitera y se vuelve más
amenazante y violenta. Pese a haber decursado ya dos años, no se ha dictado la
legislación complementaria que viabilizaría el disfrute de esos y otros
derechos. También se ha incumplido con el plazo previsto para el nuevo Código de Familia. En el plano laboral,
puede afirmarse que los obreros y campesinos cubanos están viviendo los peores
momentos de su historia, lo cual no deja de constituir una burla en esta
sociedad, que dice ser “de los trabajadores”. Continúan siendo un sueño
irrealizable los reclamos de los juristas cubanos (proclamados desde hace años
por la Corriente Agramontista): que
se restablezca el libre ejercicio de la abogacía, que los tribunales gocen de
verdadera independencia y que la Fiscalía actúe ajustándose a criterios
técnico-jurídicos, y no políticos.
A
la ineficacia consustancial a este sistema antihumano se ha unido ahora un
fenómeno universal como la pandemia de la COVID-19, así como otro desastre
puramente nacional: la mal llamada “Tarea Ordenamiento”. Para realizar esta
rebaja masiva de los ingresos reales de los cubanos de a pie, se aumentaron los
salarios y pensiones, pero los precios de bienes y servicios fueron
incrementados en medida mucho mayor, desatando una inflación brutal. Todo este
conjunto de circunstancias determina que, en la Cuba de hoy, se pueda hablar de
la existencia de una profunda crisis humanitaria.
Esta
Declaración ve la luz cuando es inminente que, en apenas unos días, se inicie
el congreso de turno de los comunistas. Por supuesto que los firmantes no
podemos estar de acuerdo con la existencia de un único partido. Reconocemos
también que, en una sociedad cualquiera, puede y deber haber una “fuerza
política dirigente superior” del Estado. Pero creemos que tal condición sólo
debe derivarse de la voluntad del pueblo soberano, expresada libremente en la
mayoría de votos que, de manera espontánea, los electores hayan otorgado a una
fuerza política determinada; y esto, además, por un número limitado de años y
en un proceso pluralista, en el cual haya habido la posibilidad de escoger
entre propuestas diversas. El otorgamiento de esa condición dirigente con
carácter permanente, en virtud de un precepto supralegal (el artículo 5 de la Constitución), y a favor de una
organización política elitista (a la que pertenece menos de la décima parte de
los electores) no pasa de ser una vulgar imposición totalitaria.
Pero,
pese a todo lo anterior, es un hecho cierto que, de acuerdo con la liturgia
comunista, se supone que esa inminente reunión tome las decisiones estratégicas
más importantes de la vida nacional. En esas circunstancias, llamamos la
atención de los congresistas sobre algo que consideramos una evidente
contradicción: en las relaciones internacionales, el régimen castrista clama
por la tolerancia y el respeto a la diversidad; sin embargo, en lo interno
propugna decisiones diametralmente opuestas. Debe reconocerse que no vivimos en
una sociedad monolítica, sino plural, donde coexisten variados intereses
económicos, sociales y políticos. Todos ellos merecen su espacio. Es inmoral
que se mantenga la discriminación sobre los cubanos que piensan distinto.
Y
es necesario que los congresistas hallen una solución a la honda crisis
económica, social y política en la que está hundido el país. Es menester que se
inicie el cambio profundo —no cosmético— que Cuba necesita desesperadamente. Y
quienes inicien ese proceso no deben ser los mismos ancianos que llevan más de
sesenta años ejerciendo el poder, y haciéndolo muy mal.
La
Habana, 12 de abril de 2021
(Firmantes,
ordenados cronológicamente, por la hora de adhesión a esta Declaración)
René
Gómez Manzano
Hildebrando
Chaviano Montes
Roberto
de Jesús Quiñones Haces
Eduardo
Ortiz Ramírez
Serafín
Martínez
Yuniesky
San Martín Garcés
Maybell
Padilla Pérez
Lázaro
G. Godínez González
Amelia
Rodríguez Cala
René
Lázaro López Benítez
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