Bajo la presidencia de Chávez, y ahora del ex guagüero nombrado de dedo por aquél como su sucesor, la independencia de los distintos poderes en Venezuela se ha convertido en una ficción fantasmagórica
martes, mayo 26, 2015 | René Gómez Manzano | 2 Comentarios
Diosdado Cabello (foto tomada de Internet)
LA HABANA, Cuba. -Hace ya varias semanas que distintos órganos de prensa aluden a la supuesta involucración de altos funcionarios venezolanos en actividades relacionadas con el tráfico de drogas. En ese contexto, el dirigente más mencionado es Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional. A esto se refirió en un extenso informe el influyente Wall Street Journal.
Por su parte, el diario español La Razón cita una fuente que afirma: “Hay evidencias muy fiables, de al menos un testigo o dos muy sólidos, para construir un caso de gran calibre contra miembros del Gobierno”. El periódico asegura que se trata de “informantes de garantía”. Según la publicación, a la DEA (Agencia Antidrogas de Estados Unidos) le habría resultado fácil el reclutamiento de estos últimos debido a la crisis imperante en el país sudamericano.
Tres órganos de prensa venezolanos que informaron sobre la existencia de la acusación contra Cabello, fueron demandados a su vez por el ex teniente golpista, bajo cargos de “difamación”. Hace unos días, el propio líder chavista reclamó del Ministerio Público que prohibiera salir del país nada menos que a 22 directivos de los referidos medios.
El Presidente de la Asamblea Nacional rechaza la imputación: “Los que me acusan hoy de narcotráfico, que presenten una sola prueba, una solita”. Empleando el plural mayestático (o tratando de repartir cualquier posible culpa, ¿quién sabe?), agregó: “Toda nuestra vida hemos luchado por el nuevo hombre y la nueva mujer, y nunca se nos ocurriría involucrarnos en nada que pueda lastimar a los jóvenes de Venezuela o el mundo”.
A su vez, Nicolás Maduro se lanzó al ruedo en defensa del Número Dos de su régimen: “Quien se mete con Diosdado se mete conmigo”, afirmó el Jefe del Ejecutivo. Hasta aquí, todo se desarrolla dentro de una relativa normalidad, con intercambio de imputaciones y previsibles descargos y descalificaciones. (Si exceptuamos —claro— el burdo ataque a la libertad de prensa que implica reprimir a los colegas por el solo hecho de informar la verdad: que en el extranjero se barajan acusaciones contra Cabello.)
Pero ha habido, en este contexto, un hecho que demuestra de modo irrefutable hasta qué punto la Venezuela chavista ha abandonado los senderos del Estado de Derecho. Esa acción ratifica que, bajo la presidencia primero del instaurador del régimen, y ahora del ex guagüero nombrado de dedo por aquél como su sucesor, la independencia de los distintos poderes se ha convertido en una ficción fantasmagórica.
Es el caso que, ante las acusaciones formuladas contra el actual Presidente de la Asamblea Nacional, Gladys Gutiérrez, magistrada del Tribunal Supremo de Justicia del país sudamericano, ha puesto su cara para dar lectura a un comunicado de apoyo al controvertido personaje. El referido documento fue emitido y divulgado en nombre de la alta corte.
En el pliego se dice: “El Poder Judicial rechaza rotundamente la continuidad de las agresiones conspirativas contra el Estado venezolano contenidas en temerarias acusaciones, las cuales han fijado como objetivo visible a autoridades que ejercen legítimamente responsabilidades por disposición popular y democrática, tales como el Presidente del Poder Legislativo Nacional”.
Más adelante, se explicita “el apoyo al Diputado Diosdado Cabello… por el trabajo institucional de calidad que ha realizado con enorme sacrificio, entrega, valentía y compromiso de cumplir y hacer cumplir con (sic) la voluntad soberana del pueblo venezolano”. Y para concluir, retomando el lenguaje institucional, extiende “un reconocimiento al pueblo de Venezuela, quien… ha despreciado con numerosas expresiones los agravios aquí referidos, tramados en contra del Presidente de la Asamblea Nacional…”.
El carácter de disparate antijurídico de lo perpetrado ahora por el máximo tribunal de aquel país se hace evidente si recordamos que, de conformidad con el apartado tercero del artículo 266 de la flamante “Constitución bolivariana”, es precisamente ese órgano jurisdiccional el llamado a “declarar si hay o no mérito para el enjuiciamiento de los o las integrantes de la Asamblea Nacional” (entre otras autoridades) “y si el delito fuere común, continuar conociendo de la causa hasta la sentencia definitiva”.
Quiere decir: ¡El descoco de los chavistas llega a tales extremos que la misma corte que estaría encargada en su caso de autorizar o no el procesamiento y de juzgar al alto funcionario si fuese acusado formalmente en Venezuela, es la que de manera institucional emite un documento que de entrada rechaza la imputación y en el cual expresa de antemano su público respaldo al posible inculpado futuro! O sea: ¡Que actuarían como jueces los mismos magistrados que ahora han demostrado ser partes en el asunto!
Como jurista, sólo me queda exclamar: ¡Qué mal tiene que andar Venezuela para que sucedan barbaridades como ésta!
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