Si la Constitución impuesta se viola cotidianamente, ¿qué puede esperar la disidencia?
viernes, noviembre 6, 2015 | Roberto Jesús Quiñones Haces | 4 Comentarios
(Foto tomada de internet)
GUANTÁNAMO, Cuba – En los Estados de Derecho todos los ciudadanos son iguales. Este presupuesto democrático, según el cual nadie está por encima de la ley, se conoce como principio de igualdad ciudadana y es una creación de las revoluciones burguesas.
En su artículo 41, la Constitución cubana afirma que todos los ciudadanos gozan de iguales derechos y están sujetos a iguales deberes. Dicha ley se complementa con el siguiente, que prohíbe la discriminación por cualquier motivo que lesione la dignidad humana.
Aunque no lo exprese, es obvio que la discriminación política lesiona esa dignidad.
Según el artículo 42, la discriminación es sancionada por la ley, pero todavía está por ver el primer proceso penal donde resulte acusado un miembro de las fuerzas represivas castristas por ejercer actos discriminatorios en contra de la oposición pacífica, a la que se le impide cotidianamente disfrutar de derechos internacionalmente reconocidos, varios de ellos pálidamente reflejados en la Constitución cubana.
En Cuba circula este chiste: Un ciudadano sorprende a un dirigente haciendo algo ilegal y le dice: “Eso está prohibido, todos somos iguales ante la ley”. Y el jefe responde: “Es verdad, pero algunos somos más iguales que otros”.
La respuesta retrata fielmente la situación de quienes están empoderados en Cuba. En estos 56 años de presunta revolución y escasa institucionalidad ha habido trasgresores de la ley a los que, por su pedigrí revolucionario o vínculos con el poder, les han “tirado la toalla” y luego partieron a sus casas –salario incluido– para esperar el próximo nombramiento.
La gran mayoría de estos violadores fueron, son y serán miembros del partido comunista, autocalificado como la vanguardia de la sociedad cubana. No en balde la prensa oficialista jamás publica el número de militantes involucrados o sancionados en estos hechos. De hacerlo, sabríamos cómo está la ética de la “vanguardia”.
En Cuba, como en todo estado totalitario, las calles, la universidad, los medios de comunicación y la sociedad civil permitida y controlada por el estado, son de los autodenominados “revolucionarios”.
Quienes discrepen de los mandantes no tienen derecho a expresar su disentimiento, organizarse pacíficamente ni a moverse libremente por el país. Tampoco a no recibir interferencias ni intromisiones en su vida privada, a expresarse con libertad, a optar por un trabajo acorde con sus posibilidades ni a disfrutar de otros derechos internacionalmente reconocidos.
Quienes se autocalifican “revolucionarios”, se han convertido en verdugos de otros compatriotas al asumir el triste papel de “asalariados del pensamiento oficial”, según expusiera el argentino del gatillo alegre –Ernesto Guevara– en su ensayo “El hombre y el socialismo en Cuba”.
Disidencia e igualdad
En un país donde la Constitución impuesta por el gobierno se viola cotidianamente, ¿qué puede esperar la disidencia?
Aunque el artículo 63 de la Constitución establece que todo ciudadano tiene derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades y a recibir la atención y respuestas pertinentes en un plazo adecuado, se ha introducido la práctica de no entregar constancia de las presentaciones de esas quejas, ni de sus respuestas, con el objetivo de que estos documentos no se conviertan en pruebas de los abusos del gobierno. También sucede que, muchas veces, las quejas no son respondidas.
Opositores pacíficos, periodistas independientes y hasta ciudadanos cuyo único “delito” fue presenciar un acto disidente, son detenidos por horas y días sin que medie acta de detención ni proceso, y luego puestos en libertad sin que se les entregue ningún documento. Este procedimiento ya es habitual, sobre todo los domingos, con respecto a las dignísimas Damas de Blanco y con quienes se les unen en la campaña “Todos Marchamos”. A muchos se les detiene violentamente o sencillamente se les golpea, a otros se les despoja de sus celulares por haber hecho una o varias fotos.
Recientemente, el representante de la Comisión de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional en Guantánamo, vecino de la calle de Ahogados entre Carretera y Donato Mármol, fue obligado a bajar de un ómnibus e impedido de continuar viaje hacia La Habana sin que tal detención se amparara en lo establecido en la Ley de Procedimiento Penal.
Asimismo Juan González Febles, director de la publicación independiente Primavera Digital, residente en La Habana, es sitiado en su domicilio cada sábado desde hace varias semanas, con despliegue de patrullas policiales y testaferros vestidos de civil, para impedirle que al día siguiente reporte las acciones de las Damas de Blanco.
Tal práctica discriminatoria, impuesta desde la asunción del castrismo, ha sido, es y será la fuente principal de la disidencia cubana, cuyos primeros integrantes fueron los miembros del Movimiento 26 de Julio y del Ejército Rebelde; quienes lucharon por el restablecimiento de la democracia y jamás por un régimen comunista.
Y esto ocurre ante un mundo occidental que no se cansa de hablar de democracia y derechos humanos, pero se muestra más interesado en el dinero que en los derechos de los cubanos. Ocurre ante las narices de los muy preparados representantes de la prensa extranjera acreditada en Cuba, más interesada en nuestra cultura y en los cotilleos que propician los abundantes mojitos de las recepciones oficiales, que en esta triste parte de nuestra realidad.
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