La implementación parcial del Título III de la Helms-Burton siempre ha sido un buen pretexto para el aparato de agitación y propaganda del régimen de la Isla
VIERNES, 15 DE MARZO, 2019 | 7:00 AM
LA HABANA, Cuba. – Al mediodía de este martes, el Noticiero de la Televisión Cubana transmitió un nuevo reportaje dedicado a denostar la Ley Helms-Burton de Estados Unidos. El plumífero castrista —al parecer, un alucinado— dedicó un buen espacio a referirse a los supuestos logros productivos de esta versión del socialismo indigente que padecemos en esta Gran Antilla. ¡Y al referirse al calamitoso estado de cosas actual, tuvo el desparpajo de emplear la frase “despegue económico”!
Triunfalismos aparte, el hecho innegable es que ese cuerpo legal norteamericano —cuyo nombre oficial en inglés es el acrónimo LIBERTAD, como la bella palabra castellana— es utilizado de modo sistemático por el aparato de agitación y propaganda del régimen de La Habana como un socorrido pretexto para tergiversaciones de todo tipo.
La semana pasada, en un reportaje transmitido por el Noticiero Estelar, dos compatriotas se extendieron hablando sobre el hipotético despojo de sus viviendas que sufrirían los propietarios cubanos si llegaran a aplicarse en nuestro país las disposiciones de dicha ley. Uno era un ciudadano de a pie, y a él hay que disculparlo por ser víctima de su ignorancia y de la manipulación de la verdad que hacen el único partido y sus órganos masivos.
Pero el otro era un profesor de derecho. Y a éste sí tenemos que condenarlo con acritud, por incapaz o desvergonzado. Una de dos cosas: o él, sin haberse molestado en comprobar lo que decía, estaba repitiendo como un papagayo la propaganda mentirosa del régimen (por lo que sería un inepto); o estaba manipulando a sabiendas los términos de la Helms-Burton (en cuyo caso estaríamos en presencia de un desfachatado).
Lo cierto es que la Ley LIBERTAD de Estados Unidos afecta las operaciones de “tráfico” que se realicen con los bienes expropiados a ciudadanos de ese país. Pero sólo a aquellas perpetradas “tras la entrada en vigor de la Ley” (y ya sabemos que, en Cuba, la gran mayoría de los propietarios de viviendas lo son desde mucho antes de 1996).
Además, la Sección 401-B-(iv), en este contexto, excluye expresamente del concepto de “tráfico” a las operaciones comerciales que realicen los ciudadanos cubanos residentes en nuestro país, a menos que se trate de “funcionarios del Gobierno Cubano o del partido político imperante en Cuba”.
Pero claro que el aparato de agitación y propaganda del régimen (y el sombrío Departamento Ideológico que lo encabeza) no se van a arredrar ante detalles técnico-jurídicos como los antes mencionados. La implementación parcial del Título III de la Helms-Burton constituye siempre un buen pretexto para los gemidos plañideros de los cotorrones en la Televisión Cubana.
Ahora se ha informado sobre una nueva banderilla clavada por el Gobierno de Trump en el lomo del castrismo. En reacción a la actuación de La Habana para apoyar de modo incondicional al dictador Maduro y obstaculizar el restablecimiento de la democracia en Venezuela, el secretario de Estado Mike Pompeo acaba de anunciar la inclusión de otras cinco compañías cubanas en la lista de las que podrán ser demandadas ante cortes estadounidenses. La medida fue repudiada de inmediato, en los más duros términos, por el canciller Bruno Rodríguez Parrilla.
No es que las perspectivas de alcanzar resultados palpables gracias a esos pleitos sean reales. Tras casi seis decenios de constante enfrentamiento entre Washington y La Habana, los castristas, para tener propiedades o activos al alcance de las autoridades norteamericanas, tendrían que ser demasiado incapaces (y en verdad lo son, mas no en ese grado extremo).
Pero forzoso es reconocer la astucia demostrada por Trump y sus subordinados, al poner en vigor, de esa manera parcial, el citado Título III. Una autorización para demandar a cualquiera que se haya beneficiado con operaciones vinculadas a propiedades norteamericanas confiscadas, habría destapado una verdadera caja de Pandora.
No es que uno simpatice con esos capitalistas aventureros, que no vacilan en aprovecharse de los arbitrarios despojos perpetrados por un gobierno enemigo de la libre empresa. Menos aún cuando, al propio tiempo, esos inversores se benefician del desamparo de nuestros compatriotas trabajadores para explotarlos de manera inicua con la complicidad de ese mismo gobierno que afirma ser “de los humildes”.
Pero es cierto que, de producirse una autorización para demandar a esos extranjeros inescrupulosos ante cortes norteamericanas, sus gobiernos habrían puesto el grito en el cielo. Las represalias contra Estados Unidos no hubieran tardado. Y todo ello para beneplácito de los mismos castristas y de los otros izquierdosos caníbales, encantados de provocar conflictos inter-capitalistas.
Lo de las demandas contra entidades cubanas es otra cosa. Aquí no puede hablarse de extraterritorialidad ni de “terceros” afectados. En este caso, los pleitos serían entre personas jurídicas de las dos partes que están enfrentadas desde hace más de medio siglo. Esto explica la falta de apoyo internacional que han experimentado los castristas ante este nuevo banderillazo. Eso sí: una consecuencia colateral inevitable es que los empresarios sienten un temor aún mayor a invertir en Cuba.
De todos modos, el apoyo a ultranza mostrado por Castro y Díaz-Canel al impresentable régimen de Caracas parece bastante torpe. Harían mejor en desmarcarse de ese aliado que ahora los beneficia mucho menos que antaño. Y también en encarar las sombrías perspectivas de Cuba con un poco más de realismo.
(Cubanet)
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