Los opositores encarcelados eran al menos 45 en marzo
de 2012, ahora son noventa, según el reconocido grupo de derechos humanos de Cuba, encabezado por su distinguido portavoz, Elizardo Sánchez.
En solo diez meses, el régimen
cubano ha duplicado el número de presos políticos en la isla
comunista. La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación
Nacional (Ccdhrn) denunció este martes que los disidentes
detenidos en cárceles de alta seguridad han pasado de
al menos 45 a 90 desde marzo de 2012.
La mayoría de los nuevos prisioneros
políticos -alrededor de treinta- pertenecen a la Unión
Patriótica de Cuba (Unpacu) del ex preso político José
Daniel Ferrer, excarcelado a mediados de 2011 junto a
otros miembros del llamado «Grupo de los 75» que se negaban a exiliarse en
España. La Unpacu se ha convertido en un quebradero de cabeza para la dictadura
de los Castro en las provincias orientales.
A los noventa presos políticos, la Ccdhr agrega a los dieciséis opositores
excarcelados bajo la llamada licencia extrapenal -el caso de Ferrer-,
que significa que en cualquier momento pueden volver a vivir en una celda bajo
condiciones «crueles, inhumanas, degradantes e insalubres».
«La Ccdhrn denuncia las condiciones carcelarias como «crueles, inhumanas, e insalubres»
La Comisión Cubana advierte de que su lista adjunta no incluye el 100% de los prisioneros por motivos políticos debido al «carácter cerrado del régimen totalitario». Pero considera que el aumento de al menos 45 nuevos casos «reafirma al Gobierno de Cuba en el primer lugar, en el Hemisferio Occidental y en la mayor parte del mundo, por el número de personas condenadas por razones políticas».
Tras la excarcelación de todos los prisioneros de conciencia de la Primavera Negra o «Grupo de los 75», los últimos en 2011, el régimen de Fidel y Raúl Castro apostó por una política represiva de «miles de detenciones anuales de corta duración».
Nueva táctica
Elizardo Sánchez, portavoz de la Comisión, describió a ABC la «nueva táctica», que consiste en acusar a los disidentes de «cualquier cosa»: «Desde sospechoso de perpetrar un robo o por sospechar que puede perpetrarlo. Solo por protestar, gritar una consigna o expresar una crítica contra el presidente, son acusados de desorden público (delito común), resistencia, desacato o atentado cuando están siendo apaleados y se protegen la cabeza con un brazo». «Orwelliano», remata Sánchez.
La Ccdhrn cifra la población penal entre las 60.000 y 65.000personas, en un país de poco más de once millones de habitantes.
Enero 23/2013. ABC.es
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