Dr.René Gómez Manzano.
Abogado y periodista independiente
A partir del martes de esta semana los ciudadanos cubanos
habrán alcanzado el acceso a internet, según anunciaron a bombo y platillo los
medios de propaganda del régimen castrista. En realidad, lo modesto de la
oferta no ameritaba tanta algarabía: serán apenas 118 salas en las que operarán
en total 334 computadoras.
El precio cobrado por el codicioso estado es lo que sí no
tendrá nada de modesto: 4.50 pesos convertibles (equivalentes a 4.90 dólares
estadounidenses) por una hora. La cifra, aunque algo menor a la que hasta ahora
había que abonar en los hoteles, sigue representando un tercio del salario
mensual promedio de los cubanos.
Es un pequeño paso en la dirección correcta, pero la codicia
gubernamental, más que a la simple ironía, invita al sarcasmo. Fue lo que de
manera brillante evidenció el usuario Osvaldo Ulloa en un vitriólico comentario
colgado en la red: “4.50 la hora es una ganga: 112 pesos cubanos; o sea, que
trabajo una semana y me conecto una hora. Fabuloso”.
En realidad, son varias las operaciones aritméticas que la
noticia invita a hacer. Se sabe, por ejemplo, que la instalación del cable
submarino entre Venezuela y Cuba tuvo un costo de 70 millones de dólares. Por
consiguiente (y hasta el momento), la suma invertida por cada una de las computadoras
que prestará servicio a los usuarios cubanos asciende a la friolera de más de
doscientos mil dólares.
Como cuestión de principio, se ha anunciado que no recibirá
el servicio —y podrá incluso sufrir medidas punitivas— aquel que ponga en
riesgo “la seguridad pública, la integridad, la economía, la independencia y la
soberanía nacional” o “las normas de comportamiento ético que promueve el
Estado cubano”.
Fernando Ravsberg interpreta de modo tajante esas frases: “ni
política ni sexo”. Claro que el controvertido colega uruguayo debió haber
precisado: política oposicionista. Aunque, en realidad, como son los mandones
comunistas quienes determinarán, por sí y ante sí, el significado concreto de
los mencionados eufemismos, tal vez sería mejor expresar: “Nada que las autoridades
castristas no deseen”.
Debemos tener presente que, en principio, disposiciones
análogas rigen para la contratación de los teléfonos celulares, aunque hasta
ahora esta circunstancia no ha impedido el uso de éstos por parte de disidentes.
No obstante los desafectos sí han tenido que sufrir la arbitraria suspensión temporal
del servicio, como sucedió de manera generalizada durante la visita del papa
Benedicto XVI a Cuba.
Volviendo a las prohibiciones establecidas para los que
naveguen en internet, como jurista me preocupa cómo serán ellas implementadas. El
artículo 57 de la Constitución
proclama de modo solemne: “La correspondencia es inviolable”. Sabemos que eso
no se cumple, pero cuando se determine que alguien ha hecho oposición o se ha
interesado en temas sexuales, se hará evidente una vez más que sus derechos han
sido violados. Porque, si no, ¿cómo se habrá precisado que cometió una
infracción!
Hay, en todo este contexto, otro asunto legal que llama mi
atención: el caso del contratista norteamericano Alan Gross, preso en Cuba
desde hace unos cuatro años. Como se sabe, el crimen terrible que él perpetró
fue facilitar equipos de comunicación satelital (cosa lícita en todo el resto
del mundo) a sus correligionarios judíos de la Isla, quienes entrarían así en
la red mundial.
Se partía —pues— de una base: los cubanos no teníamos
derecho a acceder a internet; por esa razón, estaba “atentando contra la
soberanía del país” quien —como Gross— les viabilizara tal acceso. Pero si este
último es ahora un derecho que, aunque pagándolo bien caro, podemos disfrutar,
¿entonces qué fundamento queda para los quince años de prisión impuestos al
contratista estadounidense! ¡Mantener vigente esa arbitraria pena equivaldría a
algo así como seguir castigando al poseedor de un par de dólares después que el
gobierno despenalizó la tenencia de divisas!
En el ínterin, y a pesar del cable tendido por Venezuela,
los agitadores castristas siguen hablando del “criminal bloqueo norteamericano”
como supuesta causa de la reducida conexión de Cuba a la red. Y, desde las
filas del oficialismo, un bloguero, con ínfulas de alternativo, clama por que
se dicte una “Ley de Medios” que sancione a quienes con sus posts afecten “la imagen del país y del
sistema”.La Habana, 3 de junio de 2013
No hay comentarios:
Publicar un comentario