Durante más de medio siglo, la legislación comunista ha provocado situaciones tensas y absurdas en la Isla
MARTES, 4 DE SEPTIEMBRE, 2018 | 6:48 AM
LA HABANA, Cuba.- En medio del rebumbio que en estas semanas ha formado el régimen castrista con su propuesta de una “nueva” Constitución, estuve conversando con unos amigos abogados. Como la superley recoge distintas arbitrariedades de los comunistas —lo que incluye socialismo perpetuo, partido único y violación de derechos humanos—, hicimos un breve inventario de otras barbaridades que “esta gente” ha perpetrado en el terreno jurídico.
La lista es impresionante, y en un trabajo periodístico apenas podré señalar las más destacadas. Son tantas las torpezas y las consecuencias nocivas que uno no sabe si atribuirlo al malsano deseo de hacer daño, a una imprevisión y una impericia rayanas en el dolo eventual o a la simple estupidez humana. Lo más llamativo de todo es que, al frente de la orquesta, figuraba un graduado en leyes: el fundador de la dinastía castrista.
Lugar destacado en esa relación merecen —desde luego— los grandes errores conceptuales, como la desaparición de la independencia de los jueces y su subordinación al aparato de la “fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado”. Y en tan gran medida, que el miembro de un Tribunal que firme hoy dos o tres sentencias absolutorias es cuestionado seriamente por los dirigentes del Partido Comunista.
Lo mismo puede decirse de la erradicación del libre ejercicio de la profesión legal y la estabulación de los abogados en el monopolio que integran los burocratizados bufetes colectivos. O de la Fiscalía, la cual se guía en su actuación por criterios políticos y no por los técnico-jurídicos, y que a menudo deja sin respuesta las quejas fundadas de los ciudadanos.
También cabe señalar el reemplazo del juez de instrucción —funcionario judicial de carrera— por un policía (aunque le hayan otorgado título de instructor). O los jueces legos. Aclaro aquí que no es que uno se oponga a que no profesionales del derecho impartan justicia. En otros países existen jurados, y funcionan bien.
El problema, en Cuba, radica en el carácter de figurones que tienen esos funcionarios improvisados. ¿Qué (aparte de poner la cara y firmar) podrá hacer un juez lego que participe —digamos— en la decisión de un recurso de casación en el que se han planteado puntos complejos del derecho, que ni siquiera todos los abogados dominan!
Pero junto a esas cuestiones generales que he señalado, existen situaciones más puntuales. A lo largo de esta pesadilla que en pocos meses deberá cumplir sesenta años, la actuación de los jerarcas comunistas en el campo del derecho merece que recordemos la clásica metáfora del elefante en una cristalería.
Aquí, como principio rector, resulta oportuno recordar la bárbara consigna “Abogados, ¿para qué?”, que enunció y repitió, muy orondo, el propio “Comandante en Jefe”. En su despiste, el encumbrado personaje parecía creer que una sociedad contemporánea puede regirse de modo análogo a como Gengis Khan dirigía su imperio.
El cáncer hizo metástasis, y el rechazo a los hombres y mujeres de mi profesión encontró calurosos seguidores entre otros miembros del gremio, deseosos de ganar méritos ante el mandamás. En su tiempo, un ministro de ¿Justicia? de infausta memoria, el doctor Alfredo Yabur, orientó a sus subordinados que, al fallar los pleitos sobre viviendas, rechazaran las demandas administrativas en cuya redacción se detectara la mano de un abogado.
Como es lógico, esto último no suele ser difícil. La misma formación del jurista lo habitúa a ordenar su pensamiento, a alegar sólo lo atinente al caso, y a hacerlo con la debida ilación. Esto, claro, facilita el trabajo de quien debe terciar en el diferendo. Lo único que consiguió Yabur con su torpe consigna fue que las reclamaciones sobre inmuebles —aun las redactadas por letrados— llegaran escritas a mano y con faltas de ortografía intencionales. En ellas —eso sí— menudeaban frases como “esta gloriosa Revolución más verde que nuestras palmas” y otras zarandajas por el estilo.
Otra idea peregrina que los comunistas aplicaron en el campo del derecho fue la desactivación de los registros de la propiedad. Para colmo, los dedos de una mano no alcanzan a contar los organismos que expidieron títulos sobre viviendas. Esto constituía una verdadera invitación a las falsedades documentales de todo tipo, cosa que, en efecto, sucedió. Ante la magnitud del desastre, los mismos castristas reactivaron esos registros en años recientes.
Esos problemas con las casas (al igual que los similares relativos a automóviles) se originaban en lo que, años más tarde, se calificó como “prohibiciones innecesarias”, las cuales fueron levantadas. Pero en su tiempo, esas interdicciones eran consideradas elementos imprescindibles del sistema: En un país socialista parecía inconcebible que las personas compraran o vendieran sus “propiedades”.
Otra locura: para casarse, dejó de ser necesaria una certificación de divorcio. A algún cretino se le ocurrió que ésa era una forma efectiva de luchar contra el burocratismo (algo muy en boga en aquellos tiempos). El documento se suplía con una simple declaración jurada.
¡Cuántas personas decentes no tuvieron que comparecer ante los tribunales acusados de bigamia! Al contraer matrimonio, de buena fe habían consignado, como fecha de su supuesto divorcio, la de su visita al bufete colectivo (cuando, como es lógico, ni siquiera había comenzado el proceso para disolver su anterior unión).
Un campo fértil para barrabasadas legales de todo género lo constituyó el Derecho Penal. Desde luego, aquí hay que mencionar normas francamente terroristas, como la fatídica Ley 988, que establecía una pena única para los “delitos contrarrevolucionarios” que enunciaba: la de muerte.
Pero a disposiciones trágicas como ésa hay que agregar otras que provocan risa, como el delito de “prestación deficiente de servicios”, incluido en su momento por los castristas en la legislación penal. A estos señores, que aspiran a resolver todos los problemas sociales metiendo presa a la gente, se les ocurrió que el método adecuado para evitar que —pongamos por caso— a un usuario le despacharan una pizza quemada, era que el afectado fuese ipso facto a formular la correspondiente denuncia…
El inventario podría alargarse, pero creo que basta con lo ya escrito. Por eso, a los que todavía se sorprenden por las arbitrariedades plasmadas en el “nuevo” Proyecto de Constitución, les comento que los comunistas tienen una larguísima experiencia en la perpetración de barbaridades legales.
(Cubanet)
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