Dr. René Gómez Manzano
Abogado y periodista independiente.
En días pasados, Cuba rindió cuentas ante el Consejo de
Derechos Humanos de la ONU. Es el llamado Examen Periódico Universal (EPU), en el
que cada país miembro expone su actuación durante el trienio anterior. En las
decenas de páginas de su Informe, el gobierno de La Habana nos muestra en la
práctica cómo aplicar la frase alada de Talleyrand: “La palabra se hizo para
encubrir la verdad; no para decirla”. El mamotreto resulta ilustrativo, no por
lo que expresa, sino por lo que calla.
Sus 165 puntos están consagrados a los llamados derechos de
segunda y tercera generación. Ejemplo de ello es su número 7. En él, tras
asegurar que “se han adoptado nuevas normas que amplían la base legislativa de
los derechos humanos”, se precisa el alcance del concepto: “Entre ellas,… las
relativas a la entrega de tierras en usufructo y las referidas a la seguridad
social, el empleo y el trabajo por cuenta propia”.
Idéntico enfoque se observa en el Punto 64. Allí leemos: “Se
incorporaron a los planes de estudio de la Educación Primaria, Secundaria y
Superior los temas relacionados con la igualdad de género, los derechos de la
infancia, la sexualidad, el cuidado y preservación del medio ambiente y el
desarrollo local y humano”.
Los derechos de primera generación (es decir, las
tradicionales libertades civiles y políticas) se olvidan de modo nada casual.
Durante más de medio siglo de ejercicio del poder, la propaganda del gobierno
castrista ha insistido una y otra vez en la educación y la salud pública;
también, aunque algo menos, en el tema de los deportes.
Se trata de la gran coartada esgrimida por los comunistas.
Ellos, obviando el creciente deterioro que esas actividades han sufrido en los
últimos lustros, actúan como si el carácter gratuito y generalizado de ellas
constituyera una justificación para conculcar a los cubanos su derecho a
pensar, hablar, reunirse, asociarse y desfilar con libertad.
Página tras página, el flamante Informe alude a los derechos
sociales de distintos grupos de ciudadanos. Para colmo, los burócratas del
Ministerio de Relaciones Exteriores, que coordinó la elaboración del memorial,
no pudieron resistir la tentación de rebasar el marco insular y consagrar
amplias secciones a la colaboración internacional en materia de salud o educación.
Uno no alcanza a comprender cuál es la relación que pueda
haber entre la observancia o violación de los derechos humanos en nuestro país
y cuestiones tales como el combate al cólera en Haití, el número de extranjeros
que se gradúan en Cuba, la independencia de Puerto Rico, el caso de Los Cinco o el reconocimiento a la
estadidad de Palestina.
Volviendo a los derechos de primera generación en nuestro
Archipiélago, hay que constatar una vez más que los autores del voluminoso informe
han optado por no mencionarlos. Las frases relativas a la libertad de opinión y
de expresión, o a la de reunión y de asociación pacíficas, ni siquiera aparecen
en el extenso escrito.
Lo mismo es válido para el tema de la democracia. El
memorial se refugia en las vaguedades, como lo refleja el Punto 5: “El país ha
continuado fortaleciendo el carácter democrático de su institucionalidad, con
leyes, políticas y programas de clara naturaleza popular y participativa,
conforme a las más altas aspiraciones del pueblo”. Como diría el inefable
Walter Martínez: Bla, bla, bla.
Tampoco se dice algo concreto sobre la ratificación de los
pactos de derechos humanos de la ONU, suscritos por el entonces canciller de la
Isla hace más de cinco años. Por el Punto 155 y su correspondiente Nota 117 nos
enteramos que estos vitales documentos “están transitando por el análisis y los
procesos ordinarios de consultas y conciliaciones con los organismos e
instituciones nacionales implicadas”. Para las calendas griegas.
Mientras tanto, un titular en una página interior del diario
oficialista Granma del 2 de mayo
anuncia: “Masivo reconocimiento a Cuba por garantizar derechos humanos”. Es la
peculiar versión del examen que ofrecen las autoridades de la Isla. En el texto
se asegura que serán atendidas las recomendaciones que el gobierno de La Habana
acepte.
Al igual que sucedió durante el anterior EPU, el régimen se
reserva la facultad de admitir o rechazar las sugerencias que se le hagan. Algo
parecido a si un delincuente se arrogara el derecho a repulsar —digamos— las
acusaciones por asesinato, violación y robo, para centrarse únicamente en las
multas de tránsito que le han sido impuestas.
Hasta el momento, el flamante Consejo de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas, en su actividad práctica, sigue defraudando las esperanzas
que inspiró al ser creado.
La Habana, 6 de mayo de 2013.
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