La Inversión Extranjera en Cuba

Dr.René Gómez Manzano

Abogado y periodista Independiente

Cuando se habla de Cuba en clave económica, uno de los temas recurrentes es el de las posibilidades que brinda el país para las inversiones extranjeras. Desde hace lustros se han venido realizando operaciones de ese tipo, con resultados variables. Un hecho cierto es que, en los últimos tiempos, se ha incrementado el número de los poseedores de capital que cierran sus negocios en la Isla.

Esto no es fruto de la casualidad. La economía cubana se encuentra en una situación precaria que no es privativa de ese país. La historia nos enseña que dondequiera que ha imperado el sistema dirigista característico de los estados en los que rige la doctrina del marxismo leninista, la ineficiencia productiva y el desbarajuste económico han constituido la regla general.

La inoperancia del modelo ha provocado un curioso fenómeno: para que la masa de la población mantenga un nivel de modesta medianía, se necesite de la existencia de un generoso mecenas extranjero cuyos subsidios enmascaren la inviabilidad del sistema. Antes fue la antigua Unión Soviética; ahora, la Venezuela chavista.

En Cuba, la presencia de algunos inversores foráneos ha servido para lograr una discreta reanimación en sectores puntuales de la maltrecha economía nacional; aunque esa participación ha estado sujeta al control oficinesco de la nomenclatura comunista, que es la que, de manera casuística, aprueba o veta, en cada caso concreto, el proyecto sometido a su consideración.

Este método burocrático representa, de por sí, un obstáculo apreciable al libre desarrollo de la iniciativa empresarial. A lo anterior se une otra circunstancia: aunque la Ley contempla la posibilidad de que existan inversiones controladas en su totalidad por compañías foráneas, el sistema que impera en la práctica es el de constituir empresas mixtas, en las cuales el
Estado cubano posee el paquete de control.

Estas actividades están reguladas por la Ley de la Inversión Extranjera, pero ello, en realidad, no representa garantía alguna, pues se sabe que en el país no existe seguridad jurídica, desde la hora en punto que ese cuerpo legal —al igual que la mismísima Constitución— pueden ser modificados por entero, de la noche a la mañana, conforme a lo que instruya la alta dirigencia. Además, no existen tribunales independientes ni libre ejercicio de la abogacía.

A lo anterior se ha sumado una circunstancia comparativamente reciente: Si antes los capitalistas extranjeros sospechosos de haber participado en actos de corrupción eran expulsados del país, desde hace un par de años se ha establecido la práctica de someterlos a procesos judiciales, en los cuales varios de los afectados han estado sujetos a prisión provisional. Ese ha sido el caso de distintos ciudadanos de Canadá y el Reino Unido, quienes han experimentado en carne propia las realidades del sistema carcelario castrista, así como de los tribunales.

Por supuesto que esta nueva situación no coadyuva en absoluto al mejor desenvolvimiento de esa actividad empresarial “no estatal” (eufemismo preferido por las autoridades cubanas cuando se refieren al sector privado). Máxime cuando, en las actuales condiciones, la corrupción parece casi inevitable, habida cuenta de las magras remuneraciones oficiales recibidas por los administradores estatales. Para colmo, ese accionar en contra de los inversores extranjeros presenta un carácter discriminatorio, pues –tal y como expresó uno de los recientes procesados– “competidores como los de China y Venezuela han sido dejado tranquilos”…

En el ínterin, en esa especie de representación teatral los cubanos se mantienen como convidados de piedra, pues esas posibilidades, que se admiten para los extranjeros, permanecen vedadas para ellos. Si residen en la Isla, solo se les autoriza a fundar micro-empresas en actividades específicamente previstas en la Ley, lo cual no incluye el ejercicio privado de profesiones universitarias. A los que residen fuera no se les ha permitido invertir, aunque en este caso se está hablando de autorizarlos a hacerlo.

Habrá que permanecer atentos a cómo se desarrollan las reformas –hasta ahora harto limitadas– emprendidas por el gobierno encabezado por el general Raúl Castro. Mientras ellas no se profundicen; mientras no se reconozca el papel fundamental que debe corresponder a la plena vigencia del derecho de propiedad, el panorama no parecerá prometedor.