René Gómez Manzano
Abogado y periodista independiente
La pretensión del Presidente de
Venezuela para ser autorizado a gobernar por decreto carece de justificación
El
gobierno que encabeza en Venezuela el ex guagüero Nicolás Maduro está empeñado
en promulgar una ley habilitante que le permita regular por decreto, sin
intervención parlamentaria, todo lo relacionado con la corrupción y con lo que
la propaganda oficialista denomina “guerra económica de la derecha fascista”
contra el régimen.
El
heredero de Chávez se presentó en la Asamblea Nacional para solicitar personalmente
la aprobación de la medida. El complaciente órgano legislativo, en el que el gobernante
Partido Socialista Unido tiene mayoría absoluta, constituyó de inmediato una
comisión integrada por elementos incondicionales al régimen.
Este
martes, el diario Granma publicó un
artículo de la colega Laura Bécquer, bajo el título “¿Por qué es necesaria una
Ley Habilitante en Venezuela?”. En ese trabajo, junto a los enfoques
complacientes que cabía esperar, no dejan de hacerse —aunque en forma
vergonzante— algunos señalamientos críticos.
El
texto comienza por un reconocimiento destacable: “El problema de la corrupción
en Venezuela… no conoce de colores políticos”. Notable eufemismo para decir que
también en las filas chavistas impera ese mal. Lo que se calla es que, por ser
estas fuerzas las que ha detentado el poder durante quince años, son justamente
ellas mismas las responsables de los más escandalosos y colosales desfalcos.
La
periodista Bécquer atribuye a Maduro el propósito de “arrancar de raíz ese mal
social” y cita sus palabras sobre que él necesita los poderes solicitados “para
profundizar, acelerar y dar la batalla a fondo por una nueva ética política,
por una nueva vida republicana y por una nueva sociedad”.
La
escribidora castrista, para fundamentar la supuesta imparcialidad del
gobernante, cita el caso del alcalde de Valencia, el chavista Edgardo Parra,
cuyo desenfreno en el mangoneo de los dineros públicos llegó a tales extremos,
que “está siendo investigado”.
Igual
que una golondrina no hace verano,
tampoco las desventuras del corrupto intendente progobiernista demuestran la
existencia de una actitud justiciera entre los jerarcas venezolanos. Como en la
fábula de los animales víctimas de la peste, cualquier pecadillo de un opositor
es magnificado hasta el absurdo, mientras que los miles de millones malversados
por los chavistas son mirados con la mayor benevolencia.
Pero
no es esa la moraleja del caso Parra. Lo importante del affaire es que él demuestra que los mecanismos para luchar contra
la corrupción ya existen. En Venezuela, como en cualquier otro país civilizado,
hay normas que sancionan el peculado. Sólo hace falta aplicarlas con decisión a
todos los infractores. O sea: que no se necesita la ley habilitante. Es
justamente eso lo que plantean destacados opositores.
El
segundo pretexto esgrimido por los chavistas (el del enfrentamiento a “la
guerra económica desatada por los empresarios derechistas”) carece también de
fundamento. Como sabe quienquiera que haya sufrido las calamidades del
socialismo —del siglo XX o del XXI—, es el sistema mismo el que, con sus
medidas arbitrarias y su persecución contra el empresariado, provoca el
desabastecimiento.
Es
natural que los inversores, si se les obliga a aceptar precios irreales, se les
recortan de manera infundada sus ingresos o se les amenaza con expropiarlos,
eviten arriesgar sus capitales y procuren buscar entornos menos hostiles a la
inversión privada. Esto, que los cubanos hemos aprendido en nuestros magullados
pellejos durante medio siglo de castrismo, constituye algo no tan obvio para
los venezolanos, muchos de los cuales todavía van cuando ya hace años que
nosotros estamos de regreso.
El
propósito de adoptar una ley habilitante en ese terreno sólo constituye una
amenaza más, un preludio de futuros despojos y de nuevas arbitrariedades del
régimen. Por supuesto que lo razonable es presumir que, con esos tremebundos
anuncios, lo único que logre Maduro sea agudizar la carestía y alargar las
colas de irritados consumidores.
El
asunto presenta un aspecto procesal que Doña Laura no aborda por lo claro: Para
aprobar la Ley Habilitante se requieren los votos de 99 diputados, pero la
bancada gubernamental sólo cuenta con 98. El legislador adicional puede salir únicamente
de las filas opositoras. Como las razones esgrimidas para fundamentar esa
disposición son insostenibles, al gobierno le queda un solo argumento: comprar
ese codiciado voto faltante.
Si
encontraran a un deshonesto que se preste a semejante traición, la “lucha
frontal contra la corrupción en Venezuela” habría tenido un comienzo
originalísimo: un acto desvergonzado de cohecho. Del mismo modo que los
leninistas acostumbran a “luchar por la paz” (algo equivalente a fornicar por
la continencia), así también Maduro y sus acólitos, en el paroxismo de la
desfachatez, se aprestan a corromper a algún diputado opositor… ¡para poder luchar
contra la corrupción!
La
Habana, 23 de octubre de 2013
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