Dr. René Gómez Manzano
Abogado y periodista independiente
La
concesión del Premio Nacional de Derecho a Fidel Castro despierta objeciones y
dudas entre abogados cubanos
A fines de la semana pasada, la prensa cubana
transmitió la noticia: El Premio Nacional de Derecho fue otorgado a Fidel
Castro. El diploma lo recibió en su nombre José Ramón Machado Ventura, el
médico que, al ser nombrado por el mismo homenajeado como Jefe del Departamento
de Órganos Estatales y Judiciales del Comité Central, se convirtió en cabeza de
todos los abogados cubanos.
Reconozco que, al leer esa información, lo primero
que pensé fue: “¡Pero no se lo habían dado ya?” Se sabe que, en estos regímenes
totalitarios dominados por el marxismo leninista, los jefes, por el mero hecho
de serlo, están destinados a todas las distinciones, reconocimientos y
galardones habidos y por haber. El que antes no se haya tenido en cuenta al
graduado Fidel Alejandro Castro Ruz a la hora de conceder el referido Premio,
tal vez le cueste un buen regaño a algún burócrata del sector jurídico.
Ante el hecho ahora consumado, debemos preguntarnos:
¿Qué razones objetivas existían para ese otorgamiento? ¿Se habrá tomado como
base la actuación del personaje antes o después de su arribo al poder? El
dilema merece que abordemos brevemente esos temas, para darle respuesta.
La actuación profesional de Castro el mayor, tras
graduarse de jurista, fue prácticamente nula. En esto no se diferencia él de
otros personajes que se han metido en la historia llevando en la mano un título
en leyes. A escala mundial, Robespierre, Carlos Marx, Lenin. En Cuba,
Agramonte, Céspedes, Martí. Son sólo algunos ejemplos.
Por supuesto que no estoy haciendo juicios de valor;
simplemente señalo nombres de personas que, para bien o para mal, se han ganado
un lugar en la historia. “Abogados” es el título que se usa generalmente para
describir a esas figuras. Aunque la denominación no es falsa, ella en realidad
no resulta precisa ni esclarecedora. Para describir con mayor exactitud lo que
hay de común en esos personajes, habría que utilizar una frase un poco más
larga: “Abogados sin pleitos”.
Esta última característica es la que singulariza a
esos seres. A diferencia de sus otros colegas, su actividad no se consagra a
redactar escritos judiciales, esbozar teorías jurídicas o alcanzar la
absolución de un acusado. No; en las universidades ellos se hicieron con las
mismas herramientas, pero las emplean, si acaso, para el logro de objetivos
políticos o sociales más ambiciosos y amplios. Si fomentan una clientela, ésta
es política y no profesional.
En el caso de Fidel Castro, los otorgantes
argumentan que el premio se concede “en ocasión del aniversario 60 de su
alegato de autodefensa La historia me
absolverá”. Según el Granma, los
complacientes colegas de la asociación de hombres de leyes oficialista,
calificaron ese documento de “pieza jurídica sin fisuras… que ha trascendido
los cercos del espacio y del tiempo”.
Ya sabemos que, si algo ha caracterizado al
homenajeado, es su incontenible verbosidad. Incluso aparece inscrito con toda
justicia en los Records Guinness.
Pero de las decenas de miles de páginas que contienen sus discursos, en ningún
otro lugar encontraremos, como en La
historia me absolverá, citas de libros de historia o de filósofos de siglos
pasados. ¿No se han percatado de ello los obsecuentes jurisconsultos? ¿No sacan
de esto conclusión alguna?
En su alegato, Castro critica el mecanismo —que
recuerda el clásico cuento del huevo y la gallina— establecido en los Estatutos
Constitucionales del régimen batistiano: El Presidente de la República nombraba
a los ministros y éstos, a su vez, elegían al primero. Lo curioso es que, tras
la trepa al poder del equipo revolucionario en 1959, la Ley Fundamental dictada estableció exactamente el mismo mecanismo
vicioso.
La descripción detallada de los actos contra el
derecho realizados por el galardonado durante las veintenas de años de su mando
absoluto, requeriría una colección de libros. Él acabó con el Poder Judicial,
estableció “tribunales revolucionarios” integrados por guerrilleros carentes de
instrucción jurídica, barrió las garantías procesales, proscribió el libre
ejercicio de la abogacía, convirtió a la Fiscalía en un cuerpo guiado por
criterios políticos. En una palabra, encabezó el desmantelamiento del sólido
sistema jurídico cubano.
Si los burócratas de la Unión de Juristas de Cuba
consideran que el autor de tales actos merece el Premio Nacional de Derecho,
están diciendo muy a las claras cuál es su pensamiento más íntimo sobre ese
galardón que ellos crearon y que ellos mismos otorgan. La Habana, 3 de marzo de 2014.
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