Dr.René Gómez Manzano
Abogado y periodista independiente
La indemnización que se pague en su
caso para las víctimas de la esclavitud debe usarse de modo transparente
Este
miércoles, el mini-periódico castrista Granma
publicó en primera plana una noticia interesante. Su titular reza así: “Cuba
apoya en ONU reclamo caribeño de compensación por esclavitud”.
En
el cuerpo de la información se reproducen algunas de las palabras pronunciadas
por la diplomática Daylenis Moreno durante la celebración del Día Internacional
consagrado a recordar a las víctimas de la monstruosa institución arriba
mencionada: “Apoyamos resueltamente la justa solicitud de disculpas sinceras y
las consecuentes compensaciones exigidas por los estados miembros de la
Comunidad del Caribe (CARICOM)”.
Es
verdad que los Castro y sus representantes no son las personas más indicadas
para estar pidiendo a otros que presenten excusas, cuando ellos mismos son
incapaces de darlas. ¿Alguna vez han expresado remordimiento por la amenaza de
guerra nuclear en que metieron al mundo en 1962? ¿O por las guerrillas que organizaron
y financiaron en toda América Latina? ¿O por las decenas de miles de cubanos
cuyas muertes cruentas han provocado? ¿O por el terrible desastre en el que han
sumido al país?
No
obstante eso, es verdad que la idea en sí de que las antiguas metrópolis
esclavistas presenten disculpas por su actuar, es correcta. Pero tengamos claro
que como el terrible flagelo lo sufrieron de igual modo los ascendientes de
muchos de nuestros compatriotas, resulta evidente que el gobierno de La Habana
aspirará a que también nuestro país reciba una indemnización por los perjuicios
irrogados a esos antepasados.
En
principio, nada tengo que objetar a esa pretensión, ni a la reclamación
formulada por nuestros vecinos del CARICOM. Al contrario, las apoyo con
entusiasmo. Una decisión como la que se reclama constituiría un acto de
elemental justicia hacia aquellos desdichados que fueron arrancados de su
tierra natal y arreados en condiciones infrahumanas a través del océano a fin
de ser explotados de modo inmisericorde en una tierra extraña.
Lo
que despierta mis dudas es qué destino le darán a la compensación las
autoridades de La Habana, en el supuesto de que logren poner sus garras sobre
ella. Mi perplejidad no es gratuita. El régimen castrista tiene una larguísima
experiencia en esquilmar a sus súbditos de los resarcimientos que les
corresponden. Entre otras muchas cosas, esto incluye las generosas ayudas
ofrecidas por países extranjeros en casos de ciclones y otras catástrofes.
Como
jurista, recuerdo la consulta que me hizo años atrás un ex marinero. En febrero
de 1997, el barco mercante en el que navegaba fue atacado en las costas de Sri
Lanka por las fuerzas armadas de ese país. Las tropas gubernamentales se
equivocaron al considerarlo un buque pirata que llevaba suministros para los
insurgentes Tigres Tamiles, que por
aquellas fechas llenaban de sangre y dolor el bello país insular asiático.
El
asunto fue negociado por vía diplomática, y la Parte Cubana obtuvo una
indemnización cuantiosísima. Por supuesto, esta última comprendía no sólo los
daños materiales (que no fueron tan considerables), sino sobre todo los
perjuicios morales ocasionados a los tripulantes, cuyas vidas corrieron serio
peligro.
Las
autoridades castristas, tras embolsillarse las decenas de millones de dólares,
convocaron a los marinos, a los cuales ofrecieron una magra paga en devaluados
pesos cubanos, siempre que firmaran un papel en el cual se declaraban
resarcidos por todo el menoscabo sufrido durante el ataque. Alguno (como el que
acudió a hacerme la consulta) se negó a tolerar semejante despojo y aspiró a
una compensación menos mezquina, pagadera además en la misma moneda dura desembolsada
por los ceilandeses.
El
caso no es excepcional: Una situación parecida confrontan de manera sistemática
las decenas de miles de “trabajadores internacionalistas” —como, por ejemplo,
los del sector de la salud—, a los que sólo se les paga una porción ínfima de
los miles de dólares mensuales que abonan por sus servicios los países en los
que laboran.
A
esto se suma la absoluta falta de transparencia del Estado cubano con respecto
al uso que da a los ingresos que recibe. Años atrás, cuando los ciudadanos —al
menos en el plano formal— no pagaban impuestos, el secretismo no se echaba
tanto de ver. Pero ahora, cuando cientos de miles de trabajadores por cuenta
propia sí abonan cuantiosos tributos, se ha mantenido la práctica viciosa de no
informar a qué se destinan los dineros que ellos aportan.
Entonces,
la duda está bien fundada: Es correcto que haya una indemnización para las
víctimas de la esclavitud, pero en su caso y oportunidad, ¿qué uso les darán a
esos fondos las autoridades castristas? ¿Llegarán ellos a quienes los merecen o
desaparecerán también en manos de los que ya lo tienen todo? La
Habana, 28 de marzo de 2014.
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