Dr.René Gómez Manzano
Abogado y periodista independiente
Los ataques contra una conocida
abogada cubana son infundados
El
pasado 24 de abril, circuló un despacho de Luis Felipe Rojas fechado en Miami,
en el cual se hace referencia al caso de los esposos Ramón Alejandro Muñoz
González y Sonia Garro Alonso. Allí se plantea que, en la defensa de ambos
opositores, habrían tenido lugar determinadas “irregularidades que ahora son
achacadas a la abogada saliente”.
Se
trata de la doctora Amelia Rodríguez Cala, miembro de la Organización Nacional de
Bufetes Colectivos (ONBC), adscrita a la unidad de Carlos III y Francos, Centro-Habana.
Es una letrada bien conocida por haber representado a más de un centenar y
medio de activistas prodemocráticos. Como anunció en su momento un popular
diario miamense, esa jurista —descrita como “la abogada de los disidentes”—,
recibió, en respuesta a su actuar, una sanción administrativa que está
cumpliendo ahora.
En
la información de Rojas se expresa que, tras recibir ese castigo que la
inhabilita para el ejercicio de su profesión por un período de seis meses, el
caso del matrimonio Muñoz-Garro fue returnado al letrado Manuel Alonso Díaz, de
la misma unidad de Carlos III. La nota cita como fuente a la colega Dania
Virgen García.
Las “irregularidades” cometidas consistirían en lo
siguiente: “Rodríguez Cala habría presentado únicamente ‘dos cambios de
medida’, en lugar de insistir a los tribunales, y luego de la suspensión del
juicio, la abogada no efectuó la reclamación al tribunal. Por otro lado, en la
revisión del Expediente de Fase Preparatoria (EFP), en el mismo no aparece el
certificado de las lesiones a causa de los disparos recibidos por Sonia en la
pierna, como tampoco se relacionan testigos acusadores”.
En
la noticia no se especifica si esos juicios de valor adversos a la referida
letrada fueron hechos por el nuevo defensor, lo cual, de ser cierto,
constituiría una evidente infracción de la ética profesional. Pero por encima
de cuestiones formales, resulta necesario ir al fondo del asunto y determinar
qué hay de cierto en las imputaciones.
Ante
todo, aclaro que, al leer la nota informativa, quedé desconcertado. Conozco la
meticulosidad con que Amelia lleva sus casos. Esto lo he experimentado en carne
propia, pues a menudo ese cuidado extremo la lleva a pedir opiniones de otros
colegas, y me ha correspondido ser uno de los más solicitados en ese sentido. Esto
me sucedió hace meses precisamente con el asunto de Muñoz y Garro.
¡Entonces
cómo es posible que ahora se plantee que la abogada, en esencia, no se había ocupado
del asunto? Ante todo, aclaro que, al igual que hacía yo antes de mi expulsión
de la ONBC, Amelia, en sus cuadernos de bufete, evitaba tomar nota de las
cuestiones reservadas que debatía con los acusados de delitos contra la
seguridad del Estado. Esto era algo que ellos mismos le pedían.
Se
trata de una solicitud harto razonable: Los abogados en ejercicio —sobre todo
si llevan casos políticos—son objeto frecuente de supervisiones diversas. En el
curso de éstas, distintos burócratas ajenos al asunto husmean en la
documentación, y nadie sabe qué hacen después con toda esa información.
Hablé
con Amelia para informarle de lo publicado y pedirle algún comentario. Como es
su costumbre, ella no quiso extenderse en los detalles del asunto. Pero sí me
aclaró dos cuestiones vitales: la documentación del caso y el limitado número
de solicitudes para que ambos cónyuges acusados salieran en libertad.
Sobre
la primera cuestión, me aclaró que nadie se había puesto en contacto con ella
para informarle el nombre del nuevo letrado. Ni este mismo profesional, ni la
dirección del bufete, ni la hermana de Sonia Garro (que pagó el convenio de
servicios jurídicos) lo hicieron. Por consiguiente, la doctora no sabía a quién
hacer entrega de los elementos probatorios en su poder.
Sobre
las solicitudes de cambio de la medida cautelar, Amelia me explicó que durante
la fase preparatoria se abstuvo de reclamar ese beneficio por instrucciones de
sus mismos clientes. Ambos esposos, en huelga de hambre y en celdas de castigo,
expresaron que no deseaban que se le hiciera esa petición al Fiscal. Por ello la
letrada sólo interesó la modificación de la medida cuando el caso llegó al
Tribunal. Al rechazar éste la solicitud, presentó de inmediato el pertinente
recurso de súplica.
Por
todo lo anterior, pienso que el ataque contra la doctora es injusto. Me
satisface que opositores destacados la defiendan. Martha Beatriz Roque plantea
algo obvio: “Si se deseaba ser justo, tenía que habérsele oído a ella”. Por su
parte, Coco Fariñas concluye: “Si
alguien ha puesto en alto la abogacía cubana, sin ser opositora, es Amelia
Rodríguez”. Me complacen mucho esas opiniones que yo, que también fui su defendido,
comparto. La
Habana, 2 de mayo de 2014.
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