El probable juicio político a Dilma

En América Latina, en los últimos tiempos, no escampa para los izquierdistas proclives al extremismo

viernes, abril 1, 2016 |  René Gómez Manzano  |  2 Comentarios 

Dilma Rousseff (foto: REUTERS)

LA HABANA, Cuba.- En América Latina, en los últimos tiempos, no escampa para los izquierdistas proclives al extremismo. Por fortuna. Esto comprende no sólo a los que —según la feliz expresión de Carlos Alberto Montaner— pueden recibir el adjetivo de “carnívoros” (como Nicolás Maduro en Venezuela, con el gran descalabro que sufrió durante la elección congresional de diciembre pasado). Sino también a otros que, más que “vegetarianos”, parecen “omnívoros”.

Ahora mismo es eso lo que sucede con la señora Dilma Rousseff y su Partido Laborista en Brasil. En este caso no se trata de que haya una elección o referendo en ciernes. Esto constituye una diferencia sustancial con lo acaecido hace algunos meses en Argentina o Bolivia, o en el caso ya mencionado de Venezuela. La perspectiva inmediata en el gigante sudamericano es que la mandataria sea sometida a juicio político.

Esta posibilidad está claramente prevista en la actual Constitución brasileña. El inciso V de su artículo 85 contempla de modo expreso que podrá exigirse responsabilidad al Presidente por los actos de éste que atenten contra “la probidad en la Administración”. ¿Y qué, sino eso precisamente, son los probables vínculos, que han ido saliendo a la luz pública, entre la mandataria y los escándalos “Mensalão” y “Lava Jato”.

Es cierto que, entre los dirigentes políticos, el principal encartado en esos turbios affaires no es la señora Rousseff, sino su mentor Luiz Inácio Lula da Silva. Pero existen fuertes indicios de que la actual mandataria conocía y toleraba los actos masivos de corrupción (así lo ha declarado un ex ministro suyo, ahora sancionado). También que ella ha estado conchabada con su predecesor para evitar que éste sea alcanzado por la mano de la justicia.

Circula con amplitud una conversación telefónica sostenida entre ambos. En ella, Doña Dilma revela a su interlocutor el envío de un “papel para que lo tengamos”. Con respecto a este escrito, que ella misma describe como “el acta de investidura”, la Presidenta exhorta a Lula: “Sólo úsalo en caso de necesidad”.

No hace falta ser muy agudo para percibir el aire de complicidad que permea la charla. Ésta parece más apropiada para una pareja de delincuentes que para unos dirigentes políticos. Y todo esto en el contexto de un acto insólito: la intentona de la Rousseff para nombrar a su antecesor como Jefe de la Casa Civil del Ejecutivo, un cargo equivalente al de Ministro de la Presidencia.

Esta burda treta perseguía el evidente propósito de facilitarle al señor Da Silva sustraerse a la acción de los tribunales. Pero, por fortuna, el Poder Judicial de Brasil sigue siendo independiente. El espurio nombramiento fue suspendido, de manera cautelar y urgente, por un juez federal. El gobierno apeló esa decisión, pero esta impugnación sólo conducirá a que se incremente el escándalo que envuelve a la ex guerrillera urbana convertida en Presidenta.

En toda Latinoamérica, los órganos de prensa del socialismo populista han iniciado una fuerte campaña. Ellos califican como una intentona de golpe de estado los propósitos anunciados por fuerzas mayoritarias en el Congreso brasileño con vistas a encausar a la señora Dilma. Por muy izquierdistas que aquéllos digan ser, en realidad actúan como si la Jefa del Estado fuese no una mandataria subordinada a la Ley, sino una monarca dotada de inviolabilidad.

Se repiten los argumentos que años atrás se esgrimieron para impugnar la destitución en Paraguay de Fernando Lugo, obispo fornicador devenido Presidente de la República. Se arguye que la Rousseff fue electa por el voto popular, como si el Congreso no fuese la representación nacional, también escogida de manera democrática.

Alegan —incluyendo a la propia interesada, según informó el Granma de este jueves— que se trata de una intentona “sin fundamento legal”. Con ello, se proyectan como si la determinación acerca de si existen o no méritos para proceder, no correspondiera a la Cámara de Diputados, que es la competente para ello conforme a la Constitución.

Pero mucho ha cambiado para mejor en Nuestra América. Las huestes del “Socialismo del Siglo XXI” no predominan ya en el subcontinente. La Venezuela chavista dejó de contar con una abultada billetera para comprar conciencias a diestra y siniestra. En la Argentina se eclipsó el clan Kirchner, que sirvió como eje en la especie de nueva Triple Alianza forjada en aquel momento contra la república guaraní.

Y lo mejor de todo: el país involucrado ya no es uno pequeño y mediterráneo. La crisis se presenta en el gigante sudamericano. ¿Habrá algún carnívoro testarudo que sea lo bastante loco como para encararse a la decisión que, en su caso, adopte de manera soberana el Congreso Federal en Brasilia?