Agramonte y la “administración de justicia”

Los jueces y fiscales cubanos conforman una de las más eficientes correas represoras del castrismo

Miércoles, junio 8, 2016 |  Roberto Jesús Quiñones Haces  |  2 Comentarios 

Bufete colectivo en Cuba (foto: radio Angulo)

GUANTÁNAMO, Cuba.- El 8 de junio de 1865 Ignacio Agramonte y Loynaz presentó su tesis para obtener el título de Licenciado en Derecho. La fecha fue escogida por la Unión de Juristas de Cuba para culminar la Jornada del Jurista, celebración que se realiza todos los años y que esta vez contará con actos centrales en las provincias de Granma y Holguín.

Cuba ha sido un país de destacados juristas y Agramonte fue uno de ellos. Sin embargo, por la naturaleza de esta organización y las características de la práctica del derecho en Cuba después de 1959 hubiera sido más congruente asumir para la jornada el nombre de cualquier jurista afín al castrismo antes que el del Bayardo pues el camagüeyano fue un demócrata convencido que nos legó juicios demoledores contra el comunismo. De ahí la magnitud de la afrenta.

La carrera de Derecho en la Cuba de hoy

Antes de 1959 obtener el título de Licenciado en Derecho o Doctor en Leyes era garantía de conocimientos y competencia profesional. Esa distinción fue preservada por la Universidad de La Habana hasta mediados de la década de los ochenta del pasado siglo cuando todavía contaba con un claustro de profesores de calidad entre los que sobresalían los hermanos Grillo Longoria, Fernando Diego Cañizares, Aldo Prieto Morales, Julio Fernández Bulté, Miguel D´Estefano y José Miguel, Echemendía García entre otros de reconocida obra y trayectoria que colocaron a la Facultad de Derecho de esa universidad a la vanguardia de los estudios jurídicos en el país. Allí me gradué en 1981 y puedo dar testimonio de la calidad de las clases, aunque ya se criticaba la ausencia de disciplinas indispensables para todo jurista como las dedicadas a los derechos humanos, la interpretación de las normas jurídicas y al estudio profundo del derecho constitucional.

Desde la década de los años noventa del pasado siglo la situación cambió bruscamente, no sólo por la paulatina desaparición física de los juristas que prestigiaban la enseñanza del Derecho en Cuba, sino por la simplificación de los planes de estudios. Graduarse como Licenciado en Derecho se convirtió en algo sencillo, mucho más cuando a Fidel Castro se le ocurrió la llamada “universalización de la enseñanza universitaria” a principios de este siglo y de pronto todos los municipios del país crearon “universidades” y “facultades” donde, sobre todo sicólogos, licenciados en estudios socioculturales y juristas, comenzaron a brotar como la verdolaga. Así fue como el descrédito alcanzó a estas carreras, algo de lo que tampoco escapa hoy la de Medicina debido a la necesidad que tiene la dictadura de graduar miles de médicos anualmente para garantizar su lucrativo programa de exportación de servicios médicos.

Y no es que no haya excepciones, pero la mayoría de los graduados en la carrera de Derecho que llega a los Bufetes Colectivos, Tribunales y Fiscalía tiene que ser asignada a otros profesionales para que la adiestren o es remitida a cursos de formación intensiva antes de iniciar la práctica laboral.

La falta de cultura jurídica y general así como una manifiesta incapacidad para escribir sin faltas de ortografía y con relativa elegancia técnica es evidente en estos graduados, muchos de los cuales admiten sin ruborizarse que jamás han leído El espíritu de las leyes, desconocen quién es Kelsen y hasta la historia del constitucionalismo cubano. En realidad no tienen la culpa, más bien se acomodaron a las características de una universidad donde los profesores saben que si desaprueban a un estudiante tendrán que ofrecer muchas explicaciones y verse sometidos a un escrutinio sumamente molesto. A fin de cuentas lo que la dictadura necesita son dóciles asalariados del pensamiento oficial- la frase es del argentino del gatillo alegre-, personas que cumplan eficientemente sus ucases, no profesionales cultos.

En una carrera donde la expresión oral ocupa un lugar destacado duele escuchar a esos recién graduados expresarse en público y provoca estupor leer sus sentencias, dictámenes y demandas, donde sintaxis y redacción son sumamente pedestres y los razonamientos están más cercanos a las orientaciones ideológicas del castrismo que a la lógica jurídica, un mal del que no escapan muchas sentencias de jueces del Tribunal Supremo Popular y dictámenes de la Fiscalía General de la República.

El éxodo también alcanza a la “administración de injusticias”

En vez de administración de justicia el aparato judicial cubano debería llamarse administración de injusticias por su carencia de imparcialidad y su defensa absoluta del régimen y sus funcionarios aunque no tengan la razón en los casos sometidos a su arbitrio. De sus acciones tampoco escapa el respaldo a la violación reiterada de la propia Constitución castrista por esos mismos funcionarios, como hizo recientemente la fiscal Karelia Suárez Manso -con la anuencia de la Fiscalía General de la República- ante una queja presentada por este corresponsal contra la ocupación de numerosos bienes personales y dinero, ejecutada ilegalmente por la Seguridad del Estado el pasado 5 de octubre del 2015.

A pesar de que los profesionales del derecho que trabajan en la Fiscalía, los tribunales y los Bufetes Colectivos reciben salarios de privilegio comparados con el que reciben otros graduados universitarios, el gobierno no ha podido impedir el éxodo de esos profesionales hacia otras áreas económicas y de servicios que ofrecen mayor prosperidad y menor comprometimiento con el régimen.

Los jueces y fiscales cubanos conforman una de las más eficientes correas represoras del castrismo. Y si algunos, asqueados ante tanta injusticia, abandonan esas instituciones, el gobierno sabe que gracias a la universalización de la enseñanza universitaria siempre tendrá varios suplentes.

Por eso no resulta extraño que un recién graduado, sin experiencia ni méritos profesionales sea designado como fiscal o presidente de un tribunal, cargos que se ocupan en Cuba teniendo en cuenta no la capacidad profesional del licenciado sino su actitud hacia el régimen. Eso es lo único que importa en la “administración de injusticias” de un país donde la protección de los derechos de los ciudadanos existe sólo en las mentes calenturientas de los testaferros del castrismo.