Colombia: La paz bien vale un Acuerdo Final

El Acuerdo Final de Paz en Colombia hace hincapié en las víctimas del conflicto y consagra su sección final a ellas

Miércoles, agosto 31, 2016 |  René Gómez Manzano  |  

FARC y Gobierno colombiano cierran acuerdo final de paz (cambio.bo)

LA HABANA, Cuba.- El larguísimo Acuerdo Final de Paz en Colombia (sin dudas la gran noticia de la pasada semana) hace hincapié en las víctimas del conflicto y consagra su sección final a ellas y a la llamada justicia transicional. Al igual que sucede con el fragmento que trata sobre la “Reforma Rural Integral” (tema que abordé en mi primer artículo), los pasajes dedicados a esos afectados rebosan de palabras hermosas.

Las frases impactantes se suceden: “No vamos a intercambiar impunidades”, “los derechos de las víctimas del conflicto no son negociables”, “la reconstrucción de la confianza depende del esclarecimiento pleno y del reconocimiento de la verdad”, “las víctimas tienen derecho a ser resarcidas por los daños que sufrieron a causa del conflicto”.

En todo ese extenso articulado se nota la mano de juristas especializados en la protección internacional de los derechos humanos. No falta ni uno solo de los temas que los expertos en la materia consideran indispensables. Se amnistían los delitos de rebelión y otros políticos y conexos; pero no las atrocidades que el derecho internacional prohíbe perdonar.

Al establecer con claridad el principio de la no impunidad, el Acuerdo Final se ajusta a la regla de oro que rige en la materia. Los redactores del extenso texto —pues— se han curado en salud, y han aprovechado bien los años de negociaciones para evitar que el documento llegue ser impugnado con éxito ante cortes de justicia internacionales. En ese sentido, todo está bien atado.

Otra cosa es —desde luego— si esos enunciados generales se reflejan de manera adecuada en la letra menuda del Acuerdo Final. Éste crea la Jurisdicción Especial para la Paz, compuesta por una estructura compleja que consta de cinco elementos. Se proclama como principio “aportar verdad plena”, pero, como reza el refrán, el diablo está en los detalles.

Conforme al Punto 47, “el reconocimiento de verdad y responsabilidad… podrá hacerse de manera individual o colectiva, de forma oral o mediante escrito”. No hace falta ser abogado para comprender que, por supuesto, las “confesiones” colectivas y escritas constituyen una vía segura para diluir la responsabilidad y esquivar culpas personales.

Además, los presuntos culpables “podrán presentar un proyecto detallado, individual o colectivo, de ejecución de los trabajos, obras o actividades reparadoras o restaurativas”. Barrunto que los “Timochenko” y sus íntimos no serán remisos a presentar planes de ese tipo en unión de sus subordinados. ¿El resultado previsible? Que, como suele suceder en este pícaro mundo, en definitiva sean los combatientes de filas quienes doblen el lomo.

Las sanciones para los que “confiesen” sólo pueden durar un máximo de ocho años. En el segundo artículo que dediqué a este asunto ya vimos que los jefes de las FARC tienen garantizadas en la práctica, sin necesidad de competir por ellas, 16 bancas congresionales “por 2 períodos electorales” (¡qué casualidad, son también 8 años!)…. Añado que el Acuerdo, de manera previsora, dispone que “la imposición de cualquier sanción…no inhabilitará para la participación política”…

Sobre otro tema peliagudo (el de las drogas ilícitas), sólo cabe expresar admiración: Los redactores se las han arreglado para, en las 24 páginas dedicadas al asunto, ¡no incluir ningún reconocimiento claro de las FARC acerca de su involucración en este flagelo! Lo más que veremos allí es un vago compromiso para “poner fin a cualquier relación, que en función de la rebelión, se hubiese presentado con este fenómeno”.

Lo que sí encontraremos son alusiones a la necesidad de “intensificar la lucha contra las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y el lavado de activos”. Pero esto, como se ve, está escrito en tercera persona.

El Acuerdo contiene otros preceptos discutibles, como el que contempla repartir millones de pesos entre los miembros de las FARC que depongan las armas, o el que establece la creación de un Cuerpo de Seguridad y Protección “integrado por personal de confianza del nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad legal”. Pero estos son detalles en los que no está el diablo.

El hecho cierto es que la frase alada proferida por uno de los líderes subversivos ha demostrado ser no sólo cínica, sino también veraz: “Nadie firma un acuerdo para ir a la cárcel”. Pero, pese a todo, pienso que cabe parafrasear una vez más a Enrique IV: La paz en Colombia bien vale el Acuerdo Final.

En definitiva, tal vez haya algo de razón en el voto concurrente que figura en la sentencia dictada por la Corte Interamericana en el caso de El Mozote. Cito aquí esa opinión porque los firmantes la incluyeron como parte del texto consensuado: “La paz como producto de una negociación se ofrece como una alternativa moral y políticamente superior a la paz como producto del aniquilamiento del contrario”.