¿MEROLICA OLVIDADA?

Dr. René Gómez Manzano

Abogado y periodista independiente

Félix Antonio Bonne Carcassés

Las autoridades cubanas imponen multas que a menudo no se ajustan a las posibilidades económicas del afectado

En días recientes hemos recordado el cuento antológico intitulado “Chino olvidado”, de la autoría del español exiliado Antonio Ortega. En él se relatan los avatares de un asiático que, en ocasión de encontrarse en camiseta a la puerta de su lavandería en una calurosa tarde veraniega, es multado por la policía.

Aquí conviene aclarar que, antes de la Revolución, cometía una “contravención de las buenas costumbres y del decoro público”, según el entonces vigente Código de Defensa Social, quien transitaba “por las calles o sitios públicos en camiseta u otra prenda análoga, ofreciendo un aspecto indecoroso o inmoral”. Algo muy diferente sucede hoy, cuando las distintas modalidades de los pulóveres sin mangas constituyen variedades de la alta costura castrista.

Pues bien, como ya dijimos, el chino del cuento (que en puridad no había violado la Ley, ya que no deambulaba por la vía pública) recibe una multa. Suplica con humildad, y jura que nunca reincidirá en esa falta. Le imponen la sanción menos cuantiosa, pero ni así puede pagarla, debido a su pobreza. Va entonces a prisión, donde sufre todas las desgracias usuales en esos tristes lugares, con el añadido de verse olvidado por todos. En definitiva muere, con lo cual, según expresa el autor, Dios se acordó del pobre chino.

Estas remembranzas vienen al caso por la situación que confronta hoy Myriam, una ciudadana que muy atribulada —casi llorando— narra sus cuitas. Se trata de una sexagenaria que a sus años sigue siendo atractiva. Posee muy escasos recursos, y en medio de sus desgracias bromea al comentar que ella trabaja como “trapeóloga”; o sea, como auxiliar de limpieza en centros que la contratan de manera temporal.

De igual modo libra el sustento su única hija, y ellas dos solas, con sus modestos ingresos, tienen que mantener a tres menores. Como “la cuenta no da”, Myriam trabajaba en calidad de merolica “por la izquierda”. Es decir, vendía sin licencia artículos de poco valor en La Güinera, el barrio pobre —semi marginal— en el que todos viven hacinados en una casucha.

Su comercio, de ínfima categoría, tenía como objeto vasos baratos fabricados con botellas de cerveza cortadas. La anciana fue sorprendida por la policía, que le impuso una multa de 1.500 pesos en moneda nacional. O sea: el equivalente de unos ocho de sus salarios mensuales. Lloró, gimió, suplicó, pero los agentes de la autoridad se mostraron implacables. ¿Habrá incidido en esto el hecho de que la mujer ha rechazado los avances de varios de ellos?

En los tiempos actuales, las multas de esa clase, si no son abonadas en el breve plazo establecido con ese fin, se duplican e incluso se triplican. La impuesta a Myriam —pues— puede llegar rápidamente a 4.500 pesos: ¡una suma que representa lo que puede devengar la infortunada señora tras trabajar durante dos años!

Si aun así no es pagada (y la auxiliar de limpieza no tiene cómo hacerlo), el hecho se convierte en un delito de largo título: incumplimiento de las obligaciones derivadas de la comisión de contravenciones. El vigente Código Penal establece para esa conducta la sanción de uno a seis meses de privación de libertad, la cual —según contempla de manera expresa el correspondiente artículo— puede ser sustituida por trabajo correccional con internamiento.

Otro precepto del mismo cuerpo legal abre una rendija de esperanza para la desdichada anciana: En estos casos sólo se procede “si media denuncia de la autoridad o funcionario que dictó la resolución de que se trate”. ¿Se apiadarán de Myriam, o la someterán a juicio y la encerrarán por no hacer lo que de todos modos ella no está en condiciones de cumplir? Ojalá prime la clemencia, pero esto parece harto improbable, dadas las circunstancias ya mencionadas que concurren en este caso. La Habana, 23 de junio de 2014.